La administración del presidente Donald Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que le permita aplicar, por ahora, restricciones a la atención médica de afirmación de género en las prisiones federales. La apelación de emergencia se produce después de que tribunales inferiores bloquearan a los funcionarios para llevar a cabo de inmediato la política adoptada tras una orden ejecutiva del presidente Trump.
El juez de distrito de Estados Unidos, Royce Lamberth, ordenó al gobierno continuar proporcionando atención de afirmación de género, como terapia hormonal. La administración Trump argumenta que la política fue adoptada adecuadamente y que el juez se extralimitó.
La política detiene las cirugías, las hormonas y las adaptaciones sociales como pelucas, mientras permite que continúe la terapia de salud mental. Fue adoptada después de que una orden ejecutiva exigiera a la Oficina de Prisiones revisar sus políticas de atención médica para que los fondos federales no se gasten “con el propósito de conformar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto”.
Antecedentes de la política y la orden ejecutiva
La orden ejecutiva, firmada por el presidente Trump, instruyó a la Oficina de Prisiones a modificar sus políticas médicas. Según la administración, la Oficina determinó que “las cirugías de modificación de rasgos sexuales, las intervenciones hormonales en general y las adaptaciones sociales ya no podían justificarse como tratamiento para la disforia de género”.
La agencia informó en 2025 que estaba proporcionando terapia hormonal a más de 600 reclusos. El juez Lamberth escribió que la Oficina no disputa que la disforia de género puede causar efectos secundarios graves, incluidos depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.
Lamberth, nominado para el tribunal por el presidente Ronald Reagan, tiene su sede en Washington. Un panel dividido de la corte de apelaciones dejó en pie la orden.
Argumentos legales y reacciones
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representan a los reclusos, afirmaron que la política es “una amenaza directa al bienestar de las personas transgénero bajo custodia federal y una violación abierta de sus derechos fundamentales”. Sostienen que negar la atención médica de afirmación de género constituye un castigo cruel e inusual.
La administración Trump pidió a la Corte Suprema congelar la orden de Lamberth mientras el litigio continúa. El gobierno argumenta que la política fue adoptada correctamente y que el juez se excedió en su autoridad.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha respaldado anteriormente leyes estatales que prohíben ciertos tratamientos médicos para jóvenes transgénero y que restringen la participación deportiva de atletas transgénero en deportes femeninos. También ha emitido decisiones de menor plazo que permiten a la administración Trump avanzar por ahora con otras políticas que revierten protecciones para personas transgénero que sirven en el ejército y que permiten tener un pasaporte consistente con su identidad de género.
Implicaciones para la salud y los derechos
Este caso se suma a una serie de disputas legales sobre los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos. Para las personas con diabetes, la atención médica de afirmación de género puede ser un componente crítico del bienestar general, ya que el estrés y la discriminación pueden afectar el control glucémico. La negación de tratamientos médicos necesarios puede tener consecuencias graves para la salud mental y física.
La decisión de la Corte Suprema sobre esta apelación de emergencia podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las políticas de atención médica en entornos carcelarios y más allá. Mientras tanto, los reclusos transgénero continúan enfrentando incertidumbre sobre su acceso a la atención médica.
Es fundamental que los profesionales de la salud y los defensores de los derechos humanos sigan de cerca este desarrollo, ya que impacta directamente en la salud y el bienestar de una población vulnerable. La diabetes y otras condiciones crónicas requieren un manejo constante, y la interrupción de cualquier tratamiento puede tener efectos adversos.
La administración Trump ha argumentado que la política es necesaria para garantizar que los fondos federales no se utilicen para fines que considera inapropiados. Sin embargo, los críticos señalan que la medida pone en riesgo la salud de las personas transgénero y viola sus derechos constitucionales.
El caso ahora está en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si permite que la política entre en vigor mientras se resuelve el litigio de fondo. La decisión podría tener implicaciones significativas para el acceso a la atención médica de afirmación de género en el sistema penitenciario federal.
Para las personas que viven con diabetes, es importante mantenerse informadas sobre los cambios en las políticas de salud que puedan afectar su acceso a tratamientos. La defensa de los derechos de los pacientes es esencial para garantizar que todos reciban la atención que necesitan.